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Así, casi a la contra, titulamos una información que El País la sitúa más cerca de la trasparencia.

Me da la sensació que algua de las recomendaciones que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios plantea pueden guardar cierta consonancia o incluso estar más cerca de las demandas sociales como por ejemplo cuando se señala que La Agencia defiende una mayor regulación pública sobre aspectos que ahora mismo deciden de forma unilateral las entidades como la prescripción de los derechos no identificados o el reparto de los fondos asistenciales, de promoción y formación.

Más adelante se señala que los sistemas de recaudación presentan lagunas: hay un "reparto asimétrico" en las cargas de derechos; las tarifas se fijan unilateralmente por los órganos de gobierno sin obligación legal de publicarlas y una excesiva "litigiosidad".

La concentración del reparto en SGAE y CEDRO indica también con cierta claridad quiénes sacan más tajada. El 75% de los derechos asignados en 2007 se distribuyó entre el 1,73% de socios de la SGAE. Y CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) repartió ese porcentaje entre el 4,32% de sus asociados.

Acceso al informe completo.

Es interesante constatar que quien menos uso hace de la Asamblea y la Junta directiva para la toma de decisiones y que traslada las mismas a Comisiones es la SGAE (pag. 23-25)

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